viernes, 24 de febrero de 2017

Hidroeléctrica en Tranguil apresa y amenaza de muerte a dirigente mapuche


Comunicado Público por los 13 de Reyehueico:


Contra la criminalización por ejercer nuestros derechos

Ante la formalización que se realizará el 23 de febrero del 2017 a las 9:00 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Panguipulli, causa desórdenes públicos del articulo 269 del Código Penal cuyo RUC es 1600726260-8 presentada por el Teniente Francisco Sanchez Jefe de la Tenencia de Liquiñe, las organizaciones abajo firmantes quieren indicar a la opinión publica local, regional, nacional e internacional:

Que esta acción judicial se enmarca dentro de una estrategia de contención de la justa defensa territorial que llevan comunidades y organizaciones mapuches y socioambientales ante la arremetida empresarial-estatal de implementar 8 proyectos de minicentrales hidroeléctricas en la comuna de Panguipulli, de un total de 147 concesiones de derechos de agua para uso hidroeléctrico.

Clarificar que las organizaciones y comunidades desarrollaron acciones administrativas frente a las agencias ambientales del Estado para denunciar la ilegalidad de la construcción de la central Tranguil de RP Global, teniendo nula respuesta por parte de estos organismos. Ante esta situación, las organizaciones y comunidades se ven en la obligación para hacer cumplir la ley, de realizar una acción de ejercicio de derechos para llamar la atención a las autoridades competentes, a que cumplan con la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el Estado de derecho.

El ejercicio de derechos consistió en convocar a las autoridades de la gobernación regional para denunciar las omisiones y faltas a la ley de la empresa y los organismos ambientales competentes; mediante una movilización en la ruta CH 201 en el cruce reyehueico a 8 kilómetros de Liquiñe, el primero de agosto de 2016.Esta accion fue pacifica, a rostro descubierto y desarrollada responsablemente por los representantes juridicos de las comunidades y organizaciones mapuches y socioambientales de la comunidad de Panguipulli.

Queremos aclarar que en el marco de la manifestación, el Parlamento de Coz-Coz a través de su werken Jorge Weke, mediante contacto telefónico a primera hora (8:00 am), informó al Gobernador(s) Cristian Castro de la necesidad que se hicieran presentes la Gobernadora Patricia Morano, el director de la DGA y el Superintendente de medioambiente, en el lugar para dialogar y oficiar acciones que permitieran detener la obra de construcción de la central RP Global dentro de la propiedad de la familia Quilenpan y la comunidad Newen Tranguil.Cabe destacar que dentro del ordenamiento institucional del Estado, son las Gobernaciones provinciales las encargadas de velar por la seguridad publica y el orden interno; por lo tanto las acciones de las instituciones policiales están supeditadas al mando de la Gobernadora provincial.

Frente a la denuncia presentada por el teniente Francisco Sanchez, queremos indicar que fuimos testigos de como Rubén Collío le explicó los alcances de este ejercicio de derecho que consistía en denunciar las ilegalidades realizadas por RP Global y los organismos ambientales pertinentes. 

En todo momento las acciones realizadas por las personas investigadas fueron pacíficas y solo fueron alteradas por la presencia y prepotencia policial que intentó en dos oportunidades, una al mando del teniente Sanchez y otra al mando del Mayor y Comisario de la quinta comisaría de carabineros, Iván Echeverría impedir la denuncia de estas ilegalidades ante la opinión pública y las autoridades del gobierno regional. 
En ambas oportunidades se les indicó que se estaba en conversaciones y negociaciones con la Gobernadora Patricia Morano y se le indicó a los oficiales mencionados que llamarán a esta autoridad para confirmar tal proceso de negociación. 
Se les indicó que este era un problema político ambiental y no de carácter policial ni delincuencial, haciendo hincapié que se estaban vulnerando las leyes de la república.A pesar de esto, Carabineros al mando del Mayor Echeverría, incita a los conductores a avanzar sobre mujeres y dirigentes que se encontraban en el lugar.

Queremos indicar que el actuar del Tte. Francisco Sanchez frente a las comunidades del territorio no ha sido imparcial debido a los siguientes antecedentes:

– Estuvo a cargo del operativo de desalojo de Trafun en mayo de 2016 en donde se corta el rewe de la pampa de nguillatun de Trafun por parte de trabajadores del fundo, haciendo notable abandono de deberes al no impedir una grave transgresion al convenio 169 de la OIT que protege los espacios ceremoniales de los pueblos originarios.

– Actuar prepotente en operativo policial en cruce reyehueico el 1° de agosto de 2016 donde se efectua violencia fisica innecesaria y realiza controles de identidad arbitrarios a representantes de medios de comunicación y desarrolla un proceso inadecuado de control de identidad a quienes se estaban manifestando en la ruta.

-Es la primera personas que llega al operativo policial por la muerte de Macarena Valdes el 22 de Agosto de 2016, y existen varios testigos, y sin embargo su firma no aparece en el parte policial. Es más, al día siguiente en la propiedad habitada por la familia Collio-Valdes, en el marco de una situación de luto para esta familia y en ausencia del doliente; dirige el primer operativo de apoyo para la instalación de cambio de cables, dando instrucciones a los operarios de una empresa contratista de SAESA.

Manifestamos nuestro apoyo al werken Ruben Collío, que fue nombrado en ese cargo, por las comunidades afectadas, frente a las situaciones de represión policial y hostigamiento jurídico e institucional que le han impactado directamente en el ámbito personal y familiar.
Esto se contrapone con los intentos de la fiscalía de no perseverar en las diligencias para clarificar la muerte en extrañas circunstancias de Macarena Valdés, compañera del werken Ruben Collío y madre de 4 niños; situación que afecta gravemente el acceso igualitario ante la justicia. 

Al mismo tiempo se establece una estrategia de criminalización que afecta a 10 dirigentes de la comuna y tres comunicadores sociales, que serán formalizados este jueves 23 de febrero, a las 9 de la mañana, en el juzgado de garantía de Panguipulli; ante un acto legitimo de ejercicio de derechos para que se cumplan las leyes ambientales y el convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado de Chile.

¡Por la defensa de nuestros ríos, lagos y territorio;

a parar la criminalización por exigir nuestros derechos!

Coordinación Newen Tranguil

Parlamento de Koz Koz

Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli

Comunidad Inalafken de Lago Neltume

Comunidad Vicente Reinahuel

Comunidad Juan Painepe 2

Radio Wallon

Puelche Comunicaciones
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Julia Quillempán, la comunera amenazada de muerte en Tranguil tras Macarena Valdés: “No les tengo miedo”

Macarena Valdés Muñoz, defensora de la tierra, se encuentra hoy en el cementerio de Río Hueico, en el lugar que Julia Quillempán Peña tenía reservado para su muerte. Macarena apareció muerta en su casa en agosto, tras liderar la oposición a la instalación de una mini central hidroeléctrica. Julia también está amenazada de muerte.Por Victoria Aldunate y Paola Melita.

Julia está amenazada “por los mismos” que mataron a Macarena

Ambas eran lamngen -hermanas en idioma mapuzungun- y compañeras de lucha. Julia Quillempán estuvo en el corte de caminos con Macarena antes de que su muerte en agosto de 2016. Dos meses después, recibió amenazas por celular.


Julia narra: “Serían como las 11 de mañana, era de un teléfono desconocido, traté de llamar de vuelta, pero me salía una grabación de decía: este teléfono no existe”. 

Ese día ella escuchó una voz de hombre del otro lado que le decía: “¡Déjate de huevear, porque si no te va a pasar lo mismo de la mujer del Collío!“. 

Entonces ella le respondió: “¡Si me has de matar, hazlo al tiro! ¡Ven, porque aquí te espero! ¡Yo no tengo hijos, no tengo a nadie, a mí el que me llora es mi marido y el perro y el gato, no como lo que hicieron ustedes que dejaron a inocentes llorando!”.

Y explica: “¡Lo que más rabia me da es que les quitaron la madre a esos niños! 

Yo también perdí a mi madre cuando era demasiado joven, tenía 18 y tuve que hacerme cargo de todos mis hermanos. Y esa es la rabia que a mí me da. Le quitaron la madre a los hijos y hasta deja un niñito de pañales, ese niñito no sabe ahora. Una madre no es igual que un padre, un padre tiene que ser muy, muy bueno. Yo le celebro a Don Rubén que se preocupa tanto, ¡lo admiro lo buen padre que es! Pero el cariño de madre nadie lo reemplaza. Yo, hasta el día de hoy no tengo ese reemplazo de madre, y yo digo que esos niños así se van a criar también, van a acordarse con rabia y capaz que nos echen la culpa a nosotras”.

La culpa de los asesinos sobre la comunidad

Julia llora cuando llega a esta parte de su relato: “¡Es que si nosotras no hubiéramos hecho todo esto, a lo mejor la Macarena estaría viva, porque si nosotras no hubiéramos llegado donde él -donde don Rubén- esto no habría pasado!”.

Julia Quillempán hace memoria de su propia historia y la relaciona: “Yo, fueron dos traumas que tuve: de mi madre y de mi padre. Mi mamá murió de cáncer, nadie la pudo ayudar o nadie la quiso ayudar. Yo cuidé a mis hermanos chicos y después me fui a trabajar a la Argentina, a la provincia de Río Negro, para hacer plata y venir a buscar a mi papá. 
Era el tiempo después del Golpe, y de repente me llegó una carta diciendo que a mi papá lo habían matado. Lo mataron unos cabros para robarle madera. Mi papá agonizó como 4 días, ni supe dónde estaba enterrado, no pude venir. Y yo por eso pienso así, que dejaron a esos niños chicos de la Macarena, sin madre y me pregunto: ¿Algún día cuando sean grandes, nos van a culpar? Yo tengo esa duda, porque yo misma culpé a otra gente cuando murió mi madre y después de eso ya vino todo peor. Mis hermanos crecieron con rabia”.

Las historias de las mujeres se entretejen con la memoria del territorio y hoy con la escalada de violencia contra el pueblo mapuche. Las lamngen de Macarena y su comunidad entera no han dejado de luchar, pero a ratos -y a partir de varios relatos recopilados-, también parecen sentirse culpables de su muerte.

“Esa mujer nunca tuvo miedo”

“La Macarena, esa mujer, nunca tuvo miedo. ¡Si ella se agarró de las latas de una camioneta en el corte de camino para que el vehículo no pasara y los carabineros de Panguipulli le ordenaban al conductor que nos atropellara! Ella hasta se cortó los dedos”, cuenta Julia.

Ese día la propia Julia perdió una uña de la mano derecha en el forcejeo con los vehículos. Al otro día tenía los dedos “inflamados”. “No me di ni cuenta”, dice, “después vi que tenía una uña entera despegada”.

Macarena Valdés Muñoz apareció muerta, colgada, el lunes 22 de agosto de 2016 en su casa de Tranguil. 
El 1 de agosto había estado todo el día en el corte de camino que relata Julia. Fue una acción de la comunidad para resistir que la empresa RP Global instalara sus cables de alta tensión en el territorio.

Julia recuerda: “Los carabineros de Liquiñe no nos hicieron nada, pero los de Panguipulli fueron violentos, llegaron a tirones, echándonos la camioneta encima. A una señora casi le pisaron los pies. Me acuerdo que comenzamos poquita gente, más mujeres que hombres y después de a poco salió más gente al camino”.

La que muera primero

Fue un “corte limpio”: “Nosotras solamente pusimos un lienzo con unos palos. Aire limpio, dijimos. No hicimos fogata, sólo para cocinar, un poquito de fuego”.

Ese día lograron que la gobernadora de Valdivia, Patricia Morano Büchner, enviara a un representante y se comprometiera a una reunión: “Sólo entonces depusimos el corte. Eran como las 4 de la tarde”.

Macarena, Julia y las otras lamngen celebraron con un mate: “Estábamos contentas, dijimos que habíamos hecho bien, que nos habían escuchado. A la gobernadora le habíamos mandado cartas y nunca nos había contestado. ¡Nunca, nunca! Era como si nosotros no existiéramos para las autoridades, por eso hicimos el corte de camino. No vino la gobernadora, pero llegó un representante y ya era algo. Ya sabemos, dijimos, hay que seguir con esto”.

Aunque ese día no sospechaban lo que vendría después, hablaron de dónde querían ser enterradas si morían. 

Julia explica: “Es que yo siempre decía que yo iba ir a la sepultura de mi abuela y ese día, las dos riéndonos, yo le dije: ¡Ya no nos mataron!”, y ella me respondió: ‘¡No, capaz que sea pal otro corte que nos apaleen!’. ‘¡Bueno!’, le dije yo: ‘¡Total, la que se muera primero va a llegar ahí! Si yo me muero, me sepultan arriba de mi abuela’. Y la Macarena contestó: ‘¡Y si yo me muero primero, tú me vas a llevar ahí mismo, a tu lugar'”.

“Pero fue una conversación no más, ¡jamás pensamos que iba a salir verdad!”, recuerda.

Amenazas de muerte: Levantar a pedazos a las mujeres

La amenaza anónima que sufrió Julia Quillempán en octubre de 2016 por teléfono suena como las centrales llaman para ofrecer productos.

Grandes empresas usan ese tipo de centrales, que cuentan con tecnologías de interconexión y para llamadas de salida a clientes. Son enlaces digitales que comparten la numeración, pero operan de manera independiente. El operador puede conectar con el cliente, pero el cliente no puede conectar de vuelta con el operador que le llamó. Trabajadoras “flexibles” de ese tipo de servicios explican que cuando una persona externa llama de vuelta, habrá cerca de tres opciones de devolución automática: “Este número no existe”, “Este número no tiene teléfono” o “llama y corta”.

Pero esa no ha sido la única amenaza que recibió Julia Quillempán Peña, la anterior había sido presencial y surgió de hombres que ella conoce muy bien porque son sus familiares, pero ahora además son trabajadores contratados por la Empresa RP El Arroyo Energías Renovables S.A., parte de misma trasnacional austro-chilena RP Global Chile Energías Renovables S.A.

Los primeros días del año 2016, Julia, sus hermanas y una sobrina, cinco mujeres, les cortaron el paso a los camiones de la empresa RP El Arroyo en la Rinconada de Tranguil. 

Ella relata: “Nosotras escuchábamos desde hacía meses cómo pasaban los camiones por el camino que está más arriba y que es parte de nuestro terreno. Era cosa de todos los días, entonces el agua empezó a bajar y en enero (2016) ya no teníamos agua porque cuando el terreno vibra por el tremendo peso de los camiones el agua va desapareciendo, va corriendo por otro lado, son ojos de agua, aguas subterráneas”.

La sala de máquinas de la empresa fue asentada dentro del terreno de la familia Quillempán Peña sin autorización en un cementerio familiar. 

El día que Julia y sus hermanas interceptaron los camiones, bajaron los funcionarios Eusebio Quelempán Hueñuñir y José Quillempán Peña -el último hermano de Julia, o sea, miembro de la misma familia cuyas mujeres defienden el territorio-. 
Los hombres, agresivos, dijeron que iban a seguir pasando por ahí por orden de la empresa.

Ellas llamaron a Carabineros de Chile que se demoró horas en llegar y que cuando estuvieron en el terreno privado intervenido, lejos de apoyar la defensa de la “propiedad” de las mujeres, escucharon indiferentes las amenazas que los hombres funcionarios de RP El Arroyo les hicieron a las hermanas: “Indicaron a la Raquel -mi hermana- y les dijeron a los carabineros en su cara: ‘A esta tal por cual, la van a tener que venir a levantar por pedazos’. 

Los carabineros no tomaron la denuncia y nos dijeron que había que tener muchas pruebas, que era ‘mejor arreglarse a la buena’ y que, finalmente, ellos no se metían en problemas de familia”.

Julia Quillempán se lamenta: 

“José, que trabaja ahora para la empresa, es el mismo hermano del que me hice cargo cuando era chico y ahora nos amenaza. Siempre nos ha culpado a las hijas mayores por la muerte de mi madre y esta empresa le lavó el cerebro y también la plata que le habrán tirado, porque resulta que él ahora quedó trabajando estable con contrato en esa empresa. Pero todas las demás hermanas no queremos a la empresa en nuestro territorio y él no puede decidir solo”.

RP Global – RP El Arroyo

La empresa RP Global Chile Energías Renovables S.A. hizo ocupación del terreno de la familia Quillempán Peña, construyó y sigue asentada en los terrenos de la sucesión desde al menos el año 2014. 

Las hermanas Quillempán demandaron a la empresa que -descubrieron en el Juzgado Civil de Panguipulli, por documentos- se nombra como “RP El Arroyo”. “Hubo que enviar la demanda a Santiago pues el representante legal figura en Santiago”, cuentan.

El Tercer Juzgado Civil de Santiago ordenó en la primera quincena de noviembre 2016 a la empresa RP El Arroyo Energías Renovables S.A., suspender las obras, pero según un audio del medio virtual “El Puelche” que entrevistó al abogado de la familia Jorge Acuña, la respuesta fue que la empresa habría “terminado todo tipo de obras en ese lugar”.

Sin embargo, la sala de máquinas de la empresa sigue en el terreno que fuera un cementerio de los antepasados de la familia. 

Julia relata que después del incidente cesaron de pasar camiones y comenzaron a circular camionetas de la empresa que “incluso cerraron ese sector y colocaron un cartel que dice Recinto Privado. ¡Así de caraduras!”.

El proyecto hidroeléctrico en Tranguil fue autorizado por el gobierno de Sebastián Piñera. 

Según una nota de prensa del medio virtual La Araucanía Cuenta: RP Global ha creado una serie de “nombres” en el centro y sur de Chile relacionados a su holding: RP Global Chile S.A, RP Global Chile Energías Renovables, RPI Chile Energías Renovables, RP El Torrente Eléctrica S.A. Central Hidroeléctrica Panqui, en Curarrehue, RP Butamalal Hidroeléctrica S.A., RP El Arroyo Energías Renovables S.A. 

Y justamente en internet aparecen “Extractos” de solicitudes a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas de Chile de parte de dos de esas empresas para su proyecto “Mini Central Hidroeléctrica de Paso – Pangui”.

Los “extractos” aparecen en los avisos clasificados de El Mercurio, de El Mostrador y en la página virtual Biblioteca en Línea, en su sección “Arquitectura, Obras y Construcción”. Y no sólo eso, en el Diario Oficial de la República de Chile Nº 40.448, del miércoles 2 de enero de 2013, en su cuerpo II – 33 al II – 35, aparece la”concesión eléctrica provisional” a RP El Torrente S.A.

En los documentos consultados por nosotras, se identifican como representantes legales, ya sea de RP Global Chile Energías Renovables S.A. o de RP El Torrente S.A., Christian Linsenmeyer, que se presenta como austriaco e ingeniero comercial, y Felipe Pichard, que se presenta como chileno e ingeniero civil; ambos dicen estar “domiciliados en la calle Andrés Fuenzalida N° 17, oficina 11, Santiago, Providencia”.

Macarena Valdés Muñoz, defensora de la tierra, se encuentra hoy en el cementerio de Río Hueico, en el lugar que Julia Quillempán Peña tenía reservado para su muerte. 

Tal y como lo hablaron con Macarena un día, Julia facilitó su espacio a la familia de Macarena para sepultar sus restos: “Yo le di mi lugar a la Macarena y ahora somos familia”.

Julia se queda un rato pensativa y reitera: “Esto pasó con ella para que tengamos miedo, pero yo no les tengo miedo, si tengo que morir defendiendo la tierra, voy a morir, no les voy a dar el gusto que hagan y deshagan con este territorio”
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Mapuches acusan a Carabineros de defender instalación de central Tranguil

Natalia Figueroa | Miércoles 22 de febrero 2017 17:32 hrs.




La comunidad de Panguipulli asegura que la policía no acude al llamado de los vecinos cuando se denuncian amenazas por parte de la empresa, pero si resguardan sus faenas y las instalaciones de la central.


La comunidad mapuche de Panguipulli acusó criminalización luego de la formalización de trece comuneros.

La denuncia fue interpuesta por el teniente de Carabineros, Francisco Sánchez, tras una manifestación que realizaron los comuneros contra la instalación de la hidroeléctrica de Tranguil, de la empresa RP Global, el 1 de agosto pasado.

Por estos hechos, se les acusó de desórdenes públicos, pese a que la comunidad asegura que hicieron uso de su derecho a expresarse libremente, sobre todo, teniendo en cuenta la nula respuesta de los organismos ambientales ante la aprobación de un proyecto que presentaría una serie de irregularidades.

Para los comuneros, esta acción judicial se enmarca dentro de una estrategia de contención de las comunidades ante la arremetida de los proyectos energéticos en la región.

En Panguipulli se proyecta la instalación de ocho minicentrales hidroeléctricas de un total de ciento cuarenta y siete concesiones de derechos de agua para estos fines.

Pese a que no se realizó la correspondiente Consulta Indígena establecida en el Convenio 169, suscrito por Chile, este proyecto fue aprobado.

Pedro Cardyn, integrante de la Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli, dijo que Carabineros no acude al llamado de los vecinos cuando se denuncian amenazas por parte de la empresa, pero si resguardan sus faenas y las instalaciones de la central: “Lo que queremos es defender el agua, el bosque, la vida y las buenas relaciones humanas, pero sentimos que tanto las empresas como el Estado están teniendo cada vez una actitud más violenta. Esa manifestación con corte de ruta fue para pedir que las autoridades ambientales cumplan con la ley”.

Humberto Manquel, integrante del Parlamento de Coz Coz, aseguró que de ninguna manera depondrán la defensa del territorio por los amedrentamientos que han recibido sistemáticamente por parte de la empresa y de Carabineros: “Nosotros estamos reclamando nuestros derechos y no es la policía la que nos va a intimidar porque como mapuche la prioridad es la defensa de nuestro territorio. En el Parlamento de Coz Coz de 1907 defendimos esta tierra y hoy seguimos en lo mismo”.

El 22 de agosto pasado, la activista Macarena Valdés, esposa del werkén Rubén Collío, fue encontrada muerta en su casa. Las comunidades han responsabilizado directamente a la empresa de estos hechos, considerando las amenazas constantes que recibió la mujer semanas antes de su muerte por ser opositora a la instalación de la central hidroeléctrica en Tranguil.

Además, otros lugareños también han denunciado hostigamiento por parte de los trabajadores que mantienen labores en predios que pertenecen a comuneros mapuche, como en el caso de Julia Quillempan.

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